Mediante la estrategia anticorrupción liderada por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación se realizan acciones pertinentes con el objetivo de vigilar, controlar y garantizar la correcta y legal destinación de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
A la fecha en el país se han verificado más de tres mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social; se han realizado 189 acciones investigativas y 393 inspecciones; y se cumplió con 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país. En este momento hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anunció que en cumplimiento de su deber, se realizarán las respectivas imputaciones y se solicitarán Medidas de aseguramiento contra William Arévalo, Secretario de Educación Departamental; Omar Alberto Cisneros, Asesor de Cultura y Turismo de Arauca; Heivind Palomino Gutiérrez, Ex Gerente de la Unidad de Contratación de la gobernación de Arauca; y Jhon Elver Garrido Contratista de los kits de ayudas humanitarias.
Del mismo modo la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citó a interrogatorio en calidad de indiciado, al Gobernador José Facundo Castillos Cisneros, sumándose a las tres indagaciones que ya reposan en esta unidad. Se espera entonces pronunciamientos oficiales respecto a las responsabilidades por conductas penales atinentes a la corrupción que puedan sobrellevar sobre los servidores.
